Una reciente captura sacudió a la región de Guaviare, Colombia. La Fiscalía General de la República, en colaboración con el Ejército y la Policía, detuvo a una funcionaria de la Personería de Calamar bajo acusaciones de haber entregado información confidencial a las disidencias de las FARC, lo que facilitó la masacre de ocho líderes religiosos evangélicos en abril de 2025.
La tragedia ocurrió cuando los religiosos, originarios de Arauca, fueron secuestrados y acusados erróneamente de colaborar con el ELN. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la causa de este ataque estuvo vinculada a un conflicto entre las disidencias de las FARC, específicamente el frente de alias "Iván Mordisco". Según las autoridades, la funcionaria detenida habría recibido 12 millones de pesos a cambio de proporcionar información clave para coordinar el ataque.
Este caso destaca la grave situación de violencia en Guaviare, donde continúan operando diversos grupos armados ilegales. La investigación de la Fiscalía y las declaraciones de los testigos apuntan a una posible trama de corrupción dentro de las instituciones locales que facilitó este ataque. La judicialización de tres personas, incluidas la funcionaria y dos cabecillas de las disidencias, ha generado una serie de reacciones dentro de la sociedad, que exige respuestas sobre cómo estos hechos pudieron ocurrir sin ser detectados a tiempo.
El hallazgo de los cuerpos de los religiosos, exhumados en julio de 2025, fue un paso importante en la resolución del caso. Tras una exhaustiva investigación, las autoridades entregaron los cuerpos a las familias, buscando darles un cierre tras varios meses de incertidumbre. Las autoridades locales continúan con las investigaciones, apuntando a posibles nexos de corrupción en la región y la responsabilidad de otros actores.
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