Un mensaje publicado en la red social X por el congresista Miguel Polo Polo ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en redes sociales en Colombia.
La Corte Suprema de Justicia decidió escuchar los testimonios del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro como parte del proceso que investiga si Polo Polo incurrió en hostigamiento agravado por comentarios que presuntamente incitan al odio contra los exmiembros del extinto M19.
"Expresarse libremente es un derecho fundamental, pero nunca debe convertirse en un instrumento para fomentar división o discriminación", destacó un vocero de la Corte.
El caso ha sido interpretado por varios sectores como una oportunidad para delimitar el alcance de la opinión política en entornos digitales, especialmente cuando los comentarios pueden afectar a comunidades históricamente vulnerables o estar relacionados con contextos de conflicto armado.
La senadora Pizarro, quien ha sido activa defensora de la memoria histórica y la reconciliación, fue una de las primeras en denunciar el contenido publicado por Polo Polo. Sus declaraciones han estado centradas en la necesidad de proteger el debate público de expresiones que puedan resultar excluyentes.
Por su parte, el congresista Miguel Polo Polo ha defendido su publicación como un acto de libertad de expresión y ha señalado que su intención no fue agredir ni señalar directamente a personas específicas. "Criticar a un grupo ideológico no es un delito, es parte del debate democrático", expresó en sus redes sociales.
Este proceso judicial también pone en evidencia los desafíos de los órganos de justicia frente al creciente peso de las plataformas digitales en el debate político. A medida que las redes sociales amplifican los discursos, surge la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a opinar y el respeto por los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia, que lidera esta investigación en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, continúa en la fase de recolección de pruebas. Los testimonios de los tres altos funcionarios servirán para establecer si existió o no una conducta penalmente relevante por parte del representante.
Hasta el momento, no se ha dictado ninguna medida cautelar ni se ha citado a imputación a Miguel Polo Polo. Sin embargo, el desarrollo del proceso será clave para establecer precedentes sobre los límites del discurso político, especialmente en contextos de polarización.
Colombia observa con atención este caso, en medio de un panorama político tenso y una ciudadanía cada vez más activa en el debate público digital.
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