El 3 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) de México, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), anunció la vinculación a proceso de cinco personas por su implicación en la portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como la posesión de municiones y cargadores.
Según los informes, la detención tuvo lugar gracias a un operativo coordinado con la Guardia Nacional (GN), quienes arrestaron a los acusados en un hotel en el tramo carretero Rayón–Tapilula, en el municipio de Pichucalco, Chiapas. Los detenidos, identificados como Juan “C”, Adolfo “V”, Junior “H”, Hernán “A” y Luis “P”, intentaron evadir la acción de la justicia, pero fueron interceptados por las fuerzas de seguridad.
Durante el operativo, se aseguraron importantes pruebas de los delitos: un total de 11 armas de fuego largas, 46 cargadores, 821 cartuchos de diversos calibres, equipo táctico, 220 ponchallantas y dos vehículos. Estos materiales son considerados de alta peligrosidad, ya que su posesión está restringida por la ley.
Este hecho se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno de México para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad en las regiones del país más afectadas por el narcotráfico. El Juez de Control decidió imponer prisión preventiva a los detenidos, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Los expertos en seguridad consultados por este medio señalan que este tipo de operativos son fundamentales para desmantelar redes criminales que operan en las zonas rurales y carreteras del país.
Reacciones de la comunidad apuntan a una creciente preocupación por la violencia y el tráfico de armas en la región, aunque se valora positivamente el trabajo de las autoridades en la lucha contra el crimen.
Imagen enviada por **Daniel Guerrero** (lector)
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