El periodismo de investigación ha arrojado luz sobre uno de los eventos de seguridad más impactantes del último año: la captura y entrega de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. Los periodistas José Luis Montenegro y Ricardo Ravelo presentaron en un foro de análisis una serie de audios y testimonios que apuntan a una operación articulada en la que, supuestamente, participó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y facciones del crimen organizado.
La investigación periodística, detallada por Montenegro y Ravelo, sostiene que la reunión del 25 de julio de 2024, en la que fue secuestrado Zambada, fue orquestada en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán, Sinaloa, México, un centro urbano clave en el noroeste del país. Este encuentro, que también se vincula con el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, habría tenido el objetivo de ejecutar un plan diseñado con antelación por el grupo conocido como "Los Chapitos", facción de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Los audios, obtenidos por Montenegro a través de una fuente interna identificada con el nombre clave "Leopoldo", sugieren que el gobernador Rocha Moya tuvo conocimiento de la operación "con una semana de antelación". Ricardo Ravelo enfatizó que esta nueva información contradice la versión pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien había negado repetidamente que su gobierno estuviera al tanto de los detalles de la captura. Ravelo afirmó que "la historia oficial se cae ante el contenido de estos registros", sugiriendo que la inteligencia mexicana debió haber tenido acceso a estos mismos detalles.
"Si José Luis (Montenegro) pudo acceder o tener acceso a estos audios, con mucha más razón la inteligencia mexicana". Esto lleva a inferir que el gobierno federal "simplemente se hizo de la vista gorda" ante la entrega inminente.
Los tres audios revelados son supuestamente grabaciones de frecuencias de radio del círculo de seguridad criminal. En una de las grabaciones, del 16 de julio, se escucha a un hombre identificado como "Bravo 1" informar que "Joaquín" —en referencia a Joaquín Guzmán López— "ya dio luz verde para la operación del 25 de julio". Otro audio detalla la lista de invitados a la finca, mencionando explícitamente a "Don Melesio Cuen", "Don Mayo" (Zambada) y afirmando que "A Rocha ya se le avisó", con una instrucción para que el gobernador dijera que el asunto sería "fuera de Sinaloa".
La investigación también arroja una nueva luz sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Según el testimonio de "Leopoldo", Cuén Ojeda no fue asesinado en una gasolinera, como difundió inicialmente la fiscalía estatal (en un montaje que costó el cargo a la extitular Sara Bruna Quiñones), sino dentro de la misma finca para "no dejar cabos sueltos". Ravelo añadió que, al parecer, los cuatro escoltas de Zambada que lo acompañaron también fueron asesinados. Posteriormente, Zambada habría sido sedado y trasladado a una pista clandestina en Navolato, Sinaloa, México, para ser llevado a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.
La participación del gobernador Rubén Rocha Moya es un punto central. Aunque él afirmó haber viajado a Estados Unidos por motivos personales, la fuente sostiene que el mandatario habría enviado a un colaborador de confianza con su teléfono celular para simular su salida del país. Ravelo fue enfático: "El gobernador "nunca probó fehacientemente que él salió de México", lo que subraya la duda sobre su versión oficial.
Perspectivas y Reacciones
Consultamos a analistas para entender el asunto, y la convergencia de lo político y lo criminal fue el tema principal.
"Este tipo de revelaciones periodísticas son cruciales porque exponen la porosidad entre las estructuras gubernamentales y el crimen organizado, especialmente en estados con fuerte presencia de cárteles como Sinaloa", comentó una analista de seguridad que solicitó el anonimato. "El caso Zambada, si se confirma esta coordinación, sienta un precedente muy delicado sobre cómo se manejan los "entregables" de alto perfil y el papel de las autoridades locales en operaciones internacionales".
Recopilamos reacciones de la comunidad sobre el tema, y la sensación general es de preocupación e indignación.
"Es increíble que la gente en el poder pueda estar involucrada en cosas así", comentó María "N", una comerciante de Culiacán, Sinaloa, México. "Uno espera que el gobierno lo proteja, no que esté haciendo tratos. Si esto es cierto, la gobernabilidad se cae por completo y la confianza se pierde".
Otro ciudadano, de nombre Raúl "P", habitante de Mazatlán, Sinaloa, México, expresó su escepticismo sobre la transparencia: "Siempre nos dan una versión y luego sale la verdad. Si los audios son reales, se debe investigar a fondo al gobernador. Es un tema de justicia y de poner un alto a la impunidad".
La investigación subraya un patrón preocupante, sugiriendo que la coordinación entre servidores públicos y grupos criminales opera como una estructura integrada en Sinaloa, desafiando el discurso oficial que negaba cualquier conocimiento o participación. La exigencia de transparencia y rendición de cuentas se eleva en la esfera pública.
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