Dos elementos del Ejército Mexicano, adscritos al 86 Batallón de Infantería en Acaponeta, Nayarit, fueron secuestrados y posteriormente liberados, tras aparecer en un video señalando a sus superiores de colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa en la zona fronteriza con dicho estado, lo que ha generado una profunda preocupación sobre la integridad de las instituciones de seguridad.

La tranquilidad de Acaponeta, Nayarit, México, una región agrícola en la costa norte del estado que colinda con Sinaloa, se vio sacudida por un incidente que expone las complejas dinámicas del crimen organizado en la zona. Dos soldados, pertenecientes al 86 Batallón de Infantería, fueron retenidos brevemente por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), para ser liberados poco después.

La gravedad del suceso radica en un video difundido durante su cautiverio. En él, los elementos militares acusaron directamente a sus mandos superiores de facilitar las operaciones de la facción "La Mayiza", vinculada al Cártel de Sinaloa, en la localidad de Huajicori, Nayarit, limítrofe con Sinaloa.

Los militares señalaron explícitamente al General Memphis Domínguez Moreno, comandante del Batallón, como colaborador de esta estructura criminal. Esta no es la primera vez que se menciona al General Domínguez Moreno; un video previo del CJNG ya lo había implicado en el apoyo a las actividades de "La Mayiza" en ese mismo municipio, un punto estratégico para las rutas de trasiego.

Aunque los soldados han sido devueltos a la libertad, el material audiovisual y sus declaraciones ponen en tela de juicio la lealtad y la transparencia dentro de las filas del Ejército, obligando a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a iniciar una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. La filtración de este tipo de videos, aunque violenta en su origen, permite vislumbrar la profunda infiltración del narcotráfico en estructuras de poder y seguridad, un grave obstáculo para la paz en el país.

Este medio recabó las perspectivas de expertos sobre el tema. Un analista en seguridad nacional, quien pidió el anonimato por la sensibilidad del tema, comentó:

"La reincidencia de estas acusaciones, especialmente con un nombre y un rango específico, requiere una respuesta institucional inmediata y contundente. El silencio o la negación erosionan la confianza pública en la única institución con la capacidad de contener al crimen organizado a gran escala. Es crucial que el Gobierno de México aborde esto con total transparencia para evitar que estas alianzas ilícitas sigan minando la seguridad."

Otro experto en derecho militar y estrategias de seguridad, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y rendición de cuentas:

"Más allá de la investigación criminal, se debe revisar el sistema de rotación y evaluación de mandos en zonas críticas. La captura de activos y la monetización de contenido ilícito son tentaciones constantes; es imperativo reforzar los valores éticos y el monitoreo financiero dentro de las Fuerzas Armadas. La debilidad institucional es el mayor negocio del crimen organizado."

Nuestro medio conversó con ciudadanos para conocer sus opiniones en Tepic, Nayarit, la capital del estado, que resiente la cercanía del conflicto:

"Uno ya no sabe en quién confiar. Si los mismos militares están coludidos, ¿quién nos protege de la delincuencia organizada? Es muy preocupante, y el gobierno debe limpiar su casa antes de pedirnos tranquilidad." - Comentó María Elena, comerciante de 45 años.

Otro residente, un joven estudiante de 22 años, expresó su desilusión:

"Estos videos solo confirman lo que la gente siempre sospecha: que la lucha contra el narco es una farsa para muchos. Espero que los programas de apoyo y las inversiones sociales lleguen pronto a estas zonas fronterizas para ofrecer opciones reales de empleo y desarrollo, y así debilitar el reclutamiento de los cárteles."

La situación subraya el desafío persistente que enfrenta México en su esfuerzo por garantizar la seguridad y desmantelar las redes de corrupción que alimentan el poder de los cárteles. La atención ahora se centra en las acciones que emprenderá la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar las serias acusaciones que pesan sobre el mando militar, buscando preservar la integridad de una de las instituciones clave para la estabilidad del país.