Williams Benavides, identificado como jefe del movimiento Tupamaro, una organización con origen en Venezuela que opera como un grupo armado afín al oficialismo, ha desestimado las capacidades militares de Estados Unidos, asegurando que su grupo es el único con la fuerza para enfrentar a la flota naval estadounidense. La declaración se produce en medio de una situación de alta tensión en la nación.
En sus palabras, Benavides calificó las advertencias y movimientos de EE. UU. como meramente "discurso", minimizando la amenaza que la tecnología militar avanzada podría representar. Estas afirmaciones han sido vistas por analistas internacionales como una muestra de lo que han denominado el "cartel político del miedo", buscando proyectar una imagen de inquebrantable resistencia.
Un informe de inteligencia, al cual este medio tuvo acceso, confirma la vinculación de este grupo con armamento estatal. El informe indica que los Tupamaros portan armas entregadas bajo la autorización directa de Vladimir Padrino López, el Ministro de la Defensa y único responsable legal del armamento del Estado venezolano. Esta situación dibuja un "modelo de terrorismo de Estado", donde:
Milicias paralelas + armas oficiales = modelo de terrorismo de Estado.
Benavides no es una figura menor. Fue impuesto en el año 2020 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como presidente ad hoc de Tupamaro, consolidando su posición dentro de la estructura chavista. Adicionalmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo ha sancionado bajo la Orden Ejecutiva 13692 por sus operaciones en favor del régimen, según los registros de sanciones internacionales.
Esta dinámica ha generado críticas por parte de observadores internacionales, quienes señalan que el chavismo ha optado por exhibir a grupos armados como "defensores de la patria", en lo que consideran un esfuerzo por compensar debilidades internas. El mensaje subyacente, según estos análisis, es que sin la presencia de megabandas, colectivos y milicias ilegales, el régimen en Caracas, Distrito Capital, Venezuela, un centro de poder político, no podría sostenerse por mucho tiempo. Este tipo de grupos reciben financiación y recursos estatales de manera indirecta.
La afirmación de Benavides sobre la capacidad de los Tupamaros para derrotar a la flota naval de EE. UU. ha sido interpretada por fuentes cercanas a la inteligencia como una clara "delación" o revelación involuntaria de la dependencia del régimen hacia estos grupos armados. La conclusión es que solo un gobierno acorralado procedería a armar a colectivos con rifles provenientes del inventario oficial, algo que en otros países sería ilegal.
Hablamos con la gente para entender sus posturas sobre el clima de inseguridad y la presencia de estos grupos.
- "Es preocupante que el gobierno arme a civiles. No sentimos seguridad, sino más bien temor. La paz no viene de más armas en las calles", comentó un residente de la parroquia 23 de Enero en Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
- "Ese discurso de que pueden con la flota americana... es más para consumo interno, para que no veamos la escasez y los problemas diarios. Es una cortina de humo", dijo una comerciante en Petare, estado Miranda, Venezuela, una de las áreas más pobladas.
Nuestro medio recabó las perspectivas de expertos en geopolítica y seguridad sobre la naturaleza de estos grupos y su armamento:
La fortaleza que pregonan es pánico disfrazado de revolución. Es un mecanismo de defensa desesperado. Un grupo "revolucionario" que vive de las arcas del Estado al que dice defender no es una fuerza popular, sino una estructura de control político, lo que incrementa el riesgo de inestabilidad regional,
señaló el Dr. Ricardo Solórzano, analista de seguridad de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, Distrito Capital.
Por su parte, la especialista en derecho internacional y conflictos, Dra. Elena Mendoza, afirmó que:
La entrega de armamento oficial a grupos no regulares, como lo ha confirmado la inteligencia, complica el panorama legal y ético. Esto no es una defensa nacional legítima; es una privatización del control armado del Estado con fines políticos, un punto clave para entender las dinámicas de poder y la violencia política en la región. Las sanciones de la OFAC contra el líder Benavides se justifican plenamente en este contexto,
añadió la Dra. Mendoza, destacando la importancia de las medidas internacionales en estos casos. La situación continúa siendo un punto focal de tensión y debate sobre la legalidad y la seguridad ciudadana en Venezuela.
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