La captura de Carlos Alejandro N, alias “El Botox”, marca un momento clave en la lucha contra la extorsión que por años ha golpeado a productores agrícolas en la región de Tierra Caliente.

En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales fue detenido Carlos Alejandro N, conocido como “El Botox”, señalado por autoridades como objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en el estado de Michoacán, en el occidente de México.

   

La acción se concretó tras meses de trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales. Fuentes oficiales confirmaron que el despliegue se realizó en la región de Tierra Caliente, zona históricamente afectada por la presencia de grupos delictivos.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido es identificado como el principal extorsionador de productores agrícolas, particularmente del sector limonero. Las autoridades lo vinculan además con diversos homicidios de alto impacto, entre ellos el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, crimen que sacudió a la comunidad productora y encendió alertas a nivel nacional.

Durante años, la extorsión impuesta por grupos criminales mantuvo bajo amenaza constante a comunidades enteras, afectando no solo la economía regional, sino también la vida cotidiana de cientos de familias. Productores consultados señalaron que el cobro ilegal paralizó cosechas, encareció los insumos y obligó a muchos a abandonar sus tierras por miedo.

“La detención devuelve algo de esperanza, pero el daño ha sido profundo. Se necesita constancia para que la paz sea duradera”, expresó un representante del sector agrícola local.

Especialistas en seguridad coincidieron en que la captura representa un golpe relevante a la estructura criminal en la zona, aunque advirtieron que el reto será evitar reacomodos violentos. Autoridades estatales aseguraron que se reforzará la presencia institucional para proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de la actividad productiva.