La masacre registrada en un campo de futbol del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, México, que dejó un saldo de 11 personas fallecidas y más de una decena de heridos, estaría relacionada con la disputa territorial entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según líneas de investigación confirmadas por autoridades federales.
Fuentes de seguridad consultadas señalan que el ataque habría sido ejecutado por la célula conocida como Los Marros, presuntamente bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias El Gallo, identificado como uno de los operadores clave del grupo criminal que mantiene presencia en la región.
Reportes oficiales, así como documentos de agencias de Estados Unidos, indican que José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder histórico del Cártel Santa Rosa de Lima, continúa influyendo en la organización pese a haber sido detenido en 2020 y sentenciado a 60 años de prisión. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU., las órdenes se transmitirían a través de abogados y familiares.
“La estructura criminal no se desarticula únicamente con la captura de un líder, cuando existen mecanismos de comunicación y control desde el interior de los centros penitenciarios”, advirtió un especialista en seguridad consultado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha documentado que el liderazgo de El Marro sigue siendo un factor determinante en la escalada de violencia del corredor industrial de Guanajuato, una zona estratégica por el robo de combustible, el narcomenudeo y las rutas logísticas.
Municipios como Salamanca, Irapuato y Celaya permanecen bajo constante presión criminal, situación que ha generado preocupación entre empresarios, organizaciones civiles y habitantes, quienes exigen mayor presencia de fuerzas federales y resultados sostenidos en materia de seguridad.
Autoridades federales aseguraron que las investigaciones continúan y que se reforzaron los operativos coordinados para evitar nuevos episodios de violencia en espacios públicos, mientras las familias de las víctimas reclaman justicia y garantías de no repetición.
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