El nombre de :contentReference[oaicite:0]{index=0} figura como “capturado” en la sección de prófugos detenidos del portal oficial del :contentReference[oaicite:1]{index=1} (ICE), agencia adscrita al :contentReference[oaicite:2]{index=2}. La actualización ha generado reacciones en Caracas y Washington, en medio de versiones que apuntan a una entrega directa a autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la ficha pública, el exfuncionario venezolano estaba siendo buscado por narcotráfico internacional. En 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro lo designó como narcotraficante especialmente señalado, bajo la llamada Ley de Cabecillas del Narcotráfico. Las autoridades estadounidenses sostienen que habría facilitado rutas aéreas y marítimas para el traslado de cargamentos ilícitos con destino final a México y Estados Unidos.
El registro indica como último paradero conocido la ciudad de :contentReference[oaicite:3]{index=3}, capital de :contentReference[oaicite:4]{index=4}. En ese país suramericano, El Aissami ocupó cargos clave durante los gobiernos de :contentReference[oaicite:5]{index=5} y :contentReference[oaicite:6]{index=6}, incluyendo la vicepresidencia ejecutiva y el Ministerio de Petróleo. Analistas consultados consideran que su eventual comparecencia ante tribunales federales podría abrir nuevas líneas de investigación sobre redes financieras y logísticas.
También aparece vinculado el empresario :contentReference[oaicite:7]{index=7}, señalado por el Departamento del Tesoro como presunto colaborador cercano. Reportes extraoficiales indican que ambos habrían sido puestos a disposición de autoridades estadounidenses, aunque hasta el momento no se ha difundido información detallada sobre el proceso judicial en curso.
“Este caso podría marcar un precedente en la cooperación judicial internacional”, señaló un especialista en derecho penal consultado, quien pidió cautela mientras se confirman los términos formales de la detención.
En el ámbito político, sectores de la oposición venezolana reaccionaron afirmando que el proceso representa un avance en la rendición de cuentas. Desde el oficialismo, en cambio, se ha pedido esperar información oficial antes de emitir conclusiones. El desarrollo del caso será seguido de cerca tanto en Venezuela como en Estados Unidos, dada su relevancia diplomática y jurídica.
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