Una audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ubicada en Manhattan, Estados Unidos, dejó un escenario judicial inusual en el proceso contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El juez Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de la defensa para desechar el caso, aunque reconoció que existen dificultades legales para financiar la representación privada del acusado debido a las sanciones vigentes contra el Gobierno de Venezuela.
La sesión comenzó con unos 40 minutos de retraso y se extendió durante más de una hora. En la sala del piso 26 del tribunal, Maduro compareció acompañado de su esposa, Cilia Flores. Durante la audiencia, el juez centró el debate en un punto clave: la imposibilidad actual de transferir fondos del Estado venezolano hacia Estados Unidos para pagar al abogado defensor Barry Pollack.
El obstáculo se origina en las sanciones financieras aplicadas durante varios años por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que restringen movimientos de dinero provenientes del gobierno venezolano. Según la fiscalía, permitir el uso de esos recursos contravendría las medidas adoptadas por Washington en materia de seguridad nacional y política exterior.
No obstante, el juez cuestionó repetidamente ese argumento durante el intercambio con el fiscal Kaylan Lasky.
“El señor Maduro y la señora Flores están bajo custodia. ¿Qué riesgo representa permitirles elegir su defensa?”, planteó Hellerstein ante la corte.
La defensa sostuvo que impedir el acceso a esos recursos vulnera el derecho garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce a los acusados la posibilidad de contar con el abogado de su elección. Pollack afirmó que el caso exige una estrategia compleja que difícilmente podría sostenerse únicamente con defensa pública.
El juez también subrayó la singularidad del proceso.
“No ha habido otro caso así antes. Este proceso va más allá de lo normal; es un caso único”, declaró durante la audiencia.
Pese a reconocer el peso de los argumentos de la defensa, Hellerstein aclaró que no puede ordenar una solución inmediata si no existe un mecanismo claro para ejecutar la transferencia de fondos desde Venezuela. Cuando preguntó si el gobierno estadounidense podría autorizar una licencia especial para permitir el pago, la fiscalía respondió que no veía una vía legal evidente.
Ante esa situación, el magistrado decidió mantener el proceso activo mientras las partes buscan alternativas legales para resolver el financiamiento de la defensa. La decisión deja abierto un debate que combina elementos jurídicos, sanciones internacionales y derechos constitucionales dentro de uno de los casos más complejos que enfrenta actualmente la justicia federal estadounidense.
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