En Tapalpa, municipio turístico del estado de Jalisco, México, el operativo militar y policial del pasado 22 de febrero de 2026 dejó una marca indeleble. Sin embargo, a dos meses de los hechos donde perdió la vida el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Fiscalía General de la República reporta avances limitados en las indagatorias colaterales. Hasta el momento, los únicos procesados son Andrés "N" y Genaro "N", identificados como escoltas del capo, quienes enfrentan prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano por delitos de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El despliegue de las fuerzas federales incluyó un fuerte cerco terrestre y aéreo en un complejo de cabañas, resultando en un enfrentamiento donde el objetivo principal fue herido, falleciendo posteriormente durante su traslado en helicóptero. No obstante, la propia fiscalía reconoció que las condiciones operativas impidieron asegurar de inmediato el inmueble. Esta demora posibilitó la entrada de personas ajenas al operativo, comprometiendo gravemente la preservación de indicios y la cadena de custodia, situación que actualmente debilita posibles procesos judiciales y mantiene en pausa la investigación sobre posibles nexos de funcionarios públicos con la estructura criminal.
La ola de violencia desencadenada aquel día dejó un saldo trágico a nivel nacional. De acuerdo con informes presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron múltiples agresiones que cobraron la vida de 60 personas, incluyendo a 25 elementos de la Guardia Nacional, además de decenas de heridos y 70 detenciones. Los estragos materiales contabilizaron 252 bloqueos e incendios, concentrados principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
"Las afectaciones interrumpieron abruptamente la paz y la movilidad comunitaria, golpeando especialmente al sector del turismo religioso."
En localidades como San Juan de los Lagos —uno de los centros de peregrinación religiosa más importantes de Latinoamérica con alrededor de cuatro millones de visitantes anuales— el pánico se apoderó de las calles. Los fieles quedaron varados ante la quema de al menos 60 vehículos y el cierre total de vías de acceso. Decenas de familias debieron buscar resguardo al interior de la basílica por horas o ser trasladadas a albergues provisionales. En medio de la crisis, los habitantes de comunidades aledañas, como Mezquitic, mostraron una profunda empatía, apoyando a los turistas afectados con la entrega de alimentos y provisiones básicas.
El caos se extendió rápidamente por la región de Los Altos de Jalisco. Municipios como Lagos de Moreno, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y Cañadas de Obregón reportaron bloqueos y daños severos a infraestructura, destacando la quema de sucursales del Banco del Bienestar. Diversos testimonios recabados por la prensa advierten que esta jornada de violencia paralizó la economía local y expuso cómo el alto flujo de dinero en efectivo derivado de las peregrinaciones facilita que negocios incurran en el lavado de dinero.
Respecto al arraigo de estas organizaciones en el occidente mexicano, el investigador Jorge Ramírez Plascencia ha expuesto que este fuerte dominio territorial se consolidó, en gran medida, debido a la reciente fragmentación del Cártel de Sinaloa y al debilitamiento de grupos rivales como Santa Rosa de Lima y el Cártel del Noreste. Esta reconfiguración permitió al CJNG expandir su influencia en zonas turísticas de Jalisco, un escenario complejo que, tras la caída de su máximo líder, podría enfrentar nuevas dinámicas políticas y de seguridad en el corto plazo.
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