Desde su centro de reclusión en Buenos Aires, Argentina, el excontralmirante Manuel Roberto Farías Laguna ha emitido una nueva y urgente misiva dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En el documento, el exmando de la Secretaría de Marina denuncia una serie de irregularidades procesales que, según afirma, lo mantienen privado de su libertad de manera injusta desde hace ocho meses.
Farías Laguna, quien se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la República en el marco de la causa penal 325/2025, sostiene que su vinculación a proceso carece de sustento probatorio sólido. El caso, que se centra en el fenómeno del "huachicol fiscal", investiga redes complejas dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, una actividad que el Gobierno de México ha identificado como un pilar del financiamiento ilícito para estructuras criminales.
"Se ha vulnerado sistemáticamente mi presunción de inocencia mediante la exposición pública antes de recibir una sentencia", manifiesta el exoficial en su escrito.
El señalado argumenta que las declaraciones emitidas por el Gabinete de Seguridad en conferencias matutinas previas a su audiencia judicial ejercieron una presión indebida sobre el criterio del juzgador. Según la defensa, presentarlo ante la opinión pública como responsable de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos antes de un juicio justo contraviene los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México y Argentina.
Investigación bajo reserva
La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ha mantenido bajo estricta reserva gran parte de la carpeta de investigación, argumentando motivos de seguridad nacional. Esta situación, en palabras de Farías Laguna, lo deja en un absoluto "estado de indefensión", al no poder conocer ni rebatir las pruebas que supuestamente lo vinculan con las redes de tráfico de combustible.
Especialistas en derecho internacional y miembros de la comunidad jurídica han reaccionado con cautela. Mientras unos subrayan la importancia de desmantelar las redes de corrupción que involucran a exfuncionarios de alto nivel, otros advierten sobre el riesgo de utilizar la figura de seguridad nacional para limitar el derecho a una defensa técnica adecuada. "La transparencia en el debido proceso es fundamental para que la lucha contra el crimen organizado sea legítima", expresan observadores del caso.
El excontralmirante concluye su carta solicitando la intervención directa de Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar que las instituciones de procuración de justicia actúen con imparcialidad. Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva comunicación enviada desde el país sudamericano.
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