Durante años, una estructura de protección gubernamental perfectamente coordinada permitió que el Cártel de Sinaloa operara a plena vista, llevando a que esta organización criminal traficara con fentanilo valuado en miles de millones de dólares hacia los Estados Unidos y consolidándose como uno de los grupos delictivos más poderosos del mundo. El sistema, según testimonios recogidos por el prestigioso medio estadounidense The New York Times, funcionó mediante una sistemática complicidad entre autoridades locales, estatales y federales, quienes facilitaban de forma activa el paso de cargamentos de droga y armas, daban protección directa a altos dirigentes y realizaban detenciones selectivas de grupos rivales.
"Los testimonios describen un entramado institucional que entregó la seguridad pública al servicio de las facciones del narcotráfico."
La situación ha escalado a nivel internacional. El mes pasado, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal que señala directamente al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve políticos estatales, actuales y anteriores. A todos ellos se les relaciona formalmente con el cártel a través de una supuesta red de sobornos y negociaciones políticas que habrían favorecido, durante años, la operación impune del grupo en dicha demarcación territorial de México.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, la facción conocida como Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, intervino de forma violenta en la elección del año 2021 robando boletas y secuestrando a candidatos opositores, una estrategia criminal que habría favorecido directamente la llegada de Rocha al gobierno estatal. Una vez instalado en el cargo, el mandatario habría posicionado a funcionarios afines en puestos estatales y municipales estratégicos para garantizar protección absoluta al grupo criminal. Pese a que se documentaron más de 200 denuncias de intimidación armada, robo de urnas y privaciones de la libertad de aspirantes políticos durante ese proceso electoral, las autoridades electorales locales y federales consideraron la serie de hechos como incidentes aislados y ratificaron la victoria del actual gobernante.
En entrevistas exclusivas realizadas por la periodista Paulina Villegas para el citado diario neoyorquino, cuatro integrantes del Cártel de Sinaloa —tres pertenecientes a la facción de los Chapitos y uno ligado a la estructura de los Mayos— describieron detalladamente cómo operaba la protección oficial en los distintos niveles de gobierno. Bajo estricto anonimato, los informantes relataron que los policías municipales y estatales eran colaboradores constantes de la organización: realizaban capturas de enemigos selectivos, entregaban a los rivales directamente a los Chapitos y avisaban de forma oportuna al cártel sobre los operativos de las fuerzas armadas, especialmente en las zonas rurales donde se ubican los laboratorios clandestinos y sitios clave para el procesamiento de drogas sintéticas.
El uso de códigos y el libre paso militar formaban parte de los acuerdos cotidianos de la organización. Uno de los entrevistados, de 22 años y residente de la ciudad de Culiacán, explicó que a los miembros operativos se les proporcionaban listas con nombres de enemigos, deudores o traidores para que fueran entregados a los mandos policiacos, quienes ejecutaban las detenciones de manera formal o bien los canalizaban a las células internas del cártel. Otro integrante, de 28 años y con quince de trayectoria en la organización, confirmó que elementos del ejército de México también participaban en esta red corrupta, permitiendo el libre tránsito por los retenes militares a cualquier persona que proporcionara una palabra en clave que rotaba continuamente, tales como "verde", "R8" o "delta". El propio joven relató cómo logró cruzar un filtro de seguridad militar en el aeropuerto de Culiacán indicando sencillamente el término "La Chapiza", lo que le permitió acceder a su objetivo sin ninguna resistencia por parte de los soldados asignados.
Los testimonios explican que el intercambio de información y la protección incluía el uso de frecuencias de radio y teléfonos celulares exclusivos, mediante los cuales se compartían en tiempo real las ubicaciones exactas de los retenes, los movimientos de las agrupaciones contrarias o las zonas bajo estricto control de la federación. Dos de los delincuentes entrevistados recordaron haber escoltado personalmente a los recaudadores de la organización criminal mientras entregaban grandes bolsas con dinero en dólares en efectivo a altos mandos policiacos y jefes de seguridad del estado de Sinaloa. Las consecuencias para aquellos funcionarios que se negaban a colaborar eran letales: si algún servidor público rechazaba los pactos, el grupo delictivo procedía a asesinarlo de forma violenta y posteriormente amenazaba de muerte a su familia. Los propios entrevistados reconocieron que esta red de protección se ha debilitado parcialmente debido a la sangrienta pugna interna entre los Chapitos y los Mayos, sumado a las presiones operativas ejercidas por la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este patrón de colusión institucionalizada no es un hecho exclusivo del estado de Sinaloa. El reporte periodístico expone graves antecedentes históricos como el caso del exdirector de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sentenciado en 2024 en Estados Unidos por aceptar millones de dólares en sobornos del mismo cártel durante más de una década. Asimismo, en el estado de Nayarit, el exfiscal Édgar Veytia cumple actualmente una condena de 20 años de prisión acusado de proteger a una célula delictiva. Por otra parte, en Tamaulipas, el exgobernador Tomás Yarrington fue condenado por lavar millones de dólares provenientes de los cárteles del Golfo y de los Zetas. Finalmente, en el estado de Guerrero, investigaciones previas han determinado que casi todos los niveles gubernamentales estaban involucrados con el crimen organizado que orquestó la trágica desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el año 2014.
En el municipio de Culiacán, diversos sectores de la población civil y comercial celebraron la reciente acusación formal emitida en la Unión Americana contra Rubén Rocha Moya, interpretándola como un primer paso indispensable para el combate real a la colusión delictiva que asfixia a la región. Por el contrario, para los miembros operativos de la organización delictiva, la ruptura del pacto histórico con el gobierno del estado representa una amenaza directa y crítica para su permanencia en el territorio. Uno de los sicarios entrevistados concluyó con una tajante advertencia sobre el futuro inmediato de la organización: "Esto puede acabar con nosotros".
Noticias recientes de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Latinoamérica y el mundo.