Joaquín “El Chapo” Guzmán ofreció entregar información confidencial sobre la estructura y operación del Cártel de Sinaloa al Gobierno federal mexicano con el propósito de recibir ayuda oficial para rescatar a sus hijos, quienes habían sido privados de la libertad por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el año 2016. Así lo reveló el excomisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, en una entrevista difundida a través de un podcast periodístico.
Según detalló el exfuncionario federal, la petición del líder criminal llegó directamente hasta las instancias del gabinete de seguridad y del entonces presidente Enrique Peña Nieto. La postura gubernamental determinó que cualquier intercambio de información debía procesarse estrictamente por la vía legal y formal, evitando comprometer los procesos judiciales que el capo enfrentaba de cara a su posterior extradición a los Estados Unidos.
Sales Heredia indicó que el capo mostró profunda angustia al enterarse del secuestro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ocurrido el 15 de agosto de 2016 en un restaurante ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. No obstante, el excomisionado aclaró que las condiciones legales exigían que las declaraciones se recabaran conforme a la legislación contra la delincuencia organizada y con los respaldos institucionales correspondientes, un procedimiento que finalmente no se concretó de manera formal.
De acuerdo con registros y testimonios vinculados al caso, la liberación de los hijos de Guzmán se logró tras complejas negociaciones en las que intervinieron liderazgos de la organización criminal sinaloense y presusiones derivadas de la reclusión de familiares de contrapartes delictivas. Las autoridades competentes mantuvieron el seguimiento institucional del caso bajo los protocolos de seguridad nacional vigentes en ese periodo.
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