Un video en el que aparecen varios habitantes del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fue difundido en redes sociales tras su presunta privación de la libertad, mientras las autoridades mantienen operativos de búsqueda.

Un video que muestra el interrogatorio de varios habitantes del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, circuló en redes sociales la noche del 7 de octubre de 2026. Los hombres que aparecen en la grabación habían sido retenidos previamente en un hecho registrado el pasado 24 de septiembre en la zona conocida como La Lajita, en la sierra del estado.

De acuerdo con la información recabada por medios locales y organizaciones, los hechos ocurrieron cuando un grupo armado interceptó a un grupo de habitantes que se dirigía a parcelas de cultivo y labores forestales. Los pobladores atribuyeron la retención a integrantes de La Familia Michoacana, en el contexto de una disputa territorial por el control de la ruta serrana que comunica la región de Tierra Caliente con la Costa Grande.

En el material audiovisual difundido recientemente aparecen varios de los retenidos con las manos atadas y vestidos con ropa de camuflaje, respondiendo a cuestionamientos sobre la presencia de grupos armados en la zona. Medios como Agencia IRZA señalaron que el contenido corresponde a parte de las personas que permanecen sin localizar, cuya autenticidad plena en las declaraciones no ha sido corroborada por autoridades independientes.

Días después de la retención inicial, el menor Jordi Alberto Atanacio Vidal fue liberado y localizado por elementos del Ejército Mexicano en la sierra. Según los reportes, el adolescente llevaba un mensaje en el que se condicionaba la liberación de los demás pobladores a la aceptación del control territorial por parte del grupo delictivo, condición que fue rechazada públicamente por la comunidad.

El caso ha generado diversas movilizaciones y acciones legales en la entidad. Habitantes de la región realizaron marchas para exigir la aparición con vida de los afectados, mientras que un juzgado federal en Iguala ordenó a las instituciones de seguridad llevar a cabo una búsqueda inmediata bajo la presunción de vida.

Hasta el 8 de octubre de 2026, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y autoridades locales mantenían un despliegue operativo en La Lajita, Las Piñas y comunidades aledañas, con el propósito de dar con el paradero de los siete habitantes que continúan ausentes.